El 7 de octubre, la República Oriental del Uruguay se adhirió formalmente al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), lo que le da acceso a una serie de beneficios, como la simplificación de los procedimientos de solicitud de patentes y el acceso a la protección internacional de patentes.
El acuerdo entrará en vigor el 7 de enero de 2025 y, a partir de esta fecha, los innovadores y solicitantes dentro de Uruguay, así como los solicitantes de otros países, podrán presentar solicitudes de patente con arreglo al PCT dentro de la nación. Esto representa un hito para el entorno de innovación, investigación y desarrollo (I+D) del país.
La adhesión al PCT se apoyó en la Ley N°. 20299 y, ya que esta sólo determinó la adhesión de Uruguay al PCT, sin modificar otras disposiciones de la Ley de Patentes (Ley N° 17164), todavía la nación debe desarrollar el marco legal que guíe la implementación práctica del sistema internacional de patentes en ese país y que incluya aspectos como los procedimientos de registro y protección, el pago de anualidades, las fechas de solicitud y otras normas específicas de solicitud, que garanticen el acceso a una cobertura internacional.
El Poder Ejecutivo de Uruguay promulgó en junio pasado el proyecto de ley de adhesión, con reserva del Capítulo II del Tratado, y de esta manera se convirtió en el 158° Estado miembro. El PCT tiene como objetivo uniformar los requisitos de procedimiento y reducir costos de protección de invenciones dentro de todos los Estados adheridos.
Se espera que el sistema de patentes de Uruguay, basado en el otorgamiento de una patente unitaria que otorga protección en todo el país con una sola solicitud, continúe vigente luego de la entrada en vigor del PCT, que en realidad servirá como una medida adicional de protección internacional.
Por ahora, a pesar de que –probablemente– la adhesión al PCT requerirá una evaluación de la Ley N° 17164 a largo plazo, para adaptarla a los estándares internacionales, la incorporación del Uruguay influirá positivamente en el panorama de la propiedad intelectual local, al facilitar los procesos para la protección de patentes; potenciar la transferencia de tecnología, la competitividad de las empresas nacionales, y la inversión extranjera, y fomentar una mayor colaboración internacional en materia de I+D.